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Ya es oficial: España es el cuarto país de la zona euro que se acoge a un rescate para salvar sus cuentas. Por mucho que
el Gobierno intente disfrazar la realidad, por mucho que sea solo un rescate financiero (
como el de Irlanda, por otra parte),
la realidad es que España pierde hoy gran parte de su soberanía. Aunque
no hay condiciones explícitas para la política económica y fiscal del
país, las hay implícitas. La UE y el FMI no nos van a regalar 100.000
millones de euros.
El rescate no se condiciona de forma directa con unos ajustes concretos –como con Grecia, Portugal e Irlanda–, pero
el propio comunicado del Eurogrupo deja claro que sí hay recortes pendientes:
“El Eurogrupo está convencido de que España va a cumplir sus
compromisos sobre el excesivo déficit y con las reformas estructurales,
con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco
del semestre europeo. El progreso en estas áreas
será vigilado muy de cerca y regularmente revisado en paralelo con la asistencia financiera. Traducido: si no se cumple pronto con el déficit, el grifo para la banca también se cierra.
En
próximas fechas, tal vez la próxima semana –hay quien dice que será
mejor que llegue antes de las elecciones griegas–, Mariano Rajoy nos
leerá a los españoles la cara oculta de esta “ayuda” exterior. Aunque el
rescate no esté formalmente condicionado, implícitamente sí lo está: el
dinero para salvar a nuestra banca no saldrá gratis para la sociedad.
Desde Alemania recetan desde hace años a España cuatro medidas para el
ajuste fiscal, para cuadrar las cuentas públicas. Cuatro grandes
recortes de los que Rajoy nos hará tomar dos tazas: pensiones,
funcionarios, IVA y prestaciones por desempleo.
El Gobierno da
dos de estos tijeretazos por seguros –subida del IVA y recorte a
funcionarios– y está intentando resistirse como puede a los otros dos: a
tocar las pensiones y las prestaciones para los parados. “Las dos
primeras están ya casi descontadas, pero las otras dos provocarían
serios problemas sociales”, asegura un alto cargo del Gobierno.
Subida del IVA.
No se trata solo de subir otros dos puntos el tipo máximo, del 18% al
20 % o al 21%. También pasa por cambiar determinados productos y
servicios del IVA reducido al IVA normal. Por ejemplo, los hoteles y
restaurantes. En gran parte de Europa pagan el IVA normal. Aquí, por
ahora, es IVA reducido.
Recorte a funcionarios. Con casi
seguridad, se congelarán las nuevas plazas y también se recortarán los
salarios, probablemente a través de reducciones en las pagas extras y en
los complementos. La línea roja está en los despidos: en reducir el
número total de trabajadores públicos, no solo eliminando interinos. No
sería novedad en un país intervenido: ya ha pasado en Irlanda, en Grecia
y en Portugal.
Pensiones. Es uno de los recortes que el
Gobierno está intentando evitar, consciente de su tremenda
impopularidad. Hay tres ingredientes en esta receta: elevar aún más la
edad de jubilación –en Irlanda, por ejemplo, ya están en los 68 años–,
acelerar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 y, como última
opción, recortes las pensiones que ahora mismo se pagan.
Prestaciones por desempleo.
En dos formatos: endureciendo las condiciones para acceder al seguro de
desempleo y también reduciendo su cuantía y su duración.
Además
de estos cuatro duros recortes que se barajan, prepárense también para
la pedrea: tasas, copagos, peajes, privatizaciones… El Gobierno español
pretende pasar a la historia como el primero en Europa que afrontó una
intervención sin perder el poder y sin dar siquiera la cara –que Rajoy
no comparezca es insultante–. Después de
todas sus mentiras,
a pesar de su reciente mayoría absoluta, ¿tendrán la legitimidad social
necesaria como para convencer a los ciudadanos de que acepten un ajuste
así?
