La Fundación Nueva Cultura del Agua, creada por el economista de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, calcula que un tercio de la población española recibe el servicio de abastecimiento a través de gestión privada, y un 13% de empresas mixtas (público-privadas).
(...) Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), que agrupa a empresas públicas, privadas y mixtas, dice en su web: “En España, el agua no está privatizada porque es un bien público”. Se queja de que “existe un exceso de operadores” y que hace falta “crear una entidad de gestión mayor”. Una suerte de ente regulador independiente y que funcione en todo el país, que fije reglas claras y comunes. Babiano también echa en falta este tipo de organismo: “En España ni siquiera hay estadísticas públicas sobre el servicio de agua urbano”. A falta de otros mecanismos, la relación entre empresas y Consistorios —la vigilancia, las obligaciones y las penalizaciones— la fija el pliego de condiciones de cada concesión.
(...) El debate y la movilización social en Candeleda es el reflejo de lo que sucede en otros municipios. Cada vez más. Muchos de esos grupos —quizá el más conocido es la plataforma que luchó contra la privatización del Canal de Isabel II en Madrid, suspendida de momento— se ha agrupado en la Red de Agua Pública. Pilar Esquinas, abogada y una de sus coordinadoras, cree que “la movilización ciudadana rápida es fundamental” para frenar la “mercantilización del agua”. La plataforma por el agua como servicio público de La Laguna del Duero, en Valladolid, organiza charlas informativas. También se movilizan los vecinos de Puerto de Santa María, Córdoba, Barcelona y Madrid... La movilización debe trasladarse también, dice Esquinas, a los organismos internacionales y los tribunales. Cree que “un derecho humano” como el acceso al agua y el saneamiento puede estar en peligro: “En los Países Bajos, la gestión pública está protegida por su Constitución”.
elpais.com
La privatización del agua en España
(...) La fórmula de privatización más utilizada es la concesión de los servicios. El agua sigue siendo pública, el servicio competencia y responsabilidad de las Entidades Locales, pero la gestión se adjudica a un agente privado. En todos los casos de privatización del ciclo urbano del agua la empresa privada paga a la Administración una cantidad de dinero a cambio de la concesión. Es lo que se denomina canon concesional.
Estos cánones concesionales millonarios, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los ciudadanos, en la mayoría de los casos sin que aparezca claramente reflejado en la factura.
Las empresas privadas, para abonar el canon concesional, recurren al crédito, que obtienen con el respaldo de las tarifas de los más de 20 años que suele durar la concesión y la garantía de un porcentaje de cobro que supera el 95%. Es decir, dos décadas de ingresos permanentes y asegurados ya que se trata de un mercado cautivo de pagos protegidos por la amenaza del corte de suministro. El agua en España es un refugio financiero y somos los ciudadanos quienes pagamos estos créditos con su correspondiente interés y beneficio empresarial.
Así hemos llegado a una situación en la que la gestión privada (a través de empresas mixtas o privadas) supone ya el 50% y en la que a su vez, esa gestión privada, está controlada en un 90% por dos empresas, Aguas de Barcelona (Agbar, perteneciente al grupo Suez) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con lo que en la práctica podemos decir que estamos gestionando un derecho humano en auténtico régimen de oligopolio donde no hay competencia.
Estos cánones concesionales millonarios, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los ciudadanos, en la mayoría de los casos sin que aparezca claramente reflejado en la factura.
Las empresas privadas, para abonar el canon concesional, recurren al crédito, que obtienen con el respaldo de las tarifas de los más de 20 años que suele durar la concesión y la garantía de un porcentaje de cobro que supera el 95%. Es decir, dos décadas de ingresos permanentes y asegurados ya que se trata de un mercado cautivo de pagos protegidos por la amenaza del corte de suministro. El agua en España es un refugio financiero y somos los ciudadanos quienes pagamos estos créditos con su correspondiente interés y beneficio empresarial.
Así hemos llegado a una situación en la que la gestión privada (a través de empresas mixtas o privadas) supone ya el 50% y en la que a su vez, esa gestión privada, está controlada en un 90% por dos empresas, Aguas de Barcelona (Agbar, perteneciente al grupo Suez) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con lo que en la práctica podemos decir que estamos gestionando un derecho humano en auténtico régimen de oligopolio donde no hay competencia.
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